Ni el Poder Ejecutivo respeta las leyes
Las funciones y decisiones del Poder Legislativo han sido influenciadas y manipuladas por los diferentes gobiernos argentinos. Muchas leyes han sido pasadas por alto sólo para alcanzar los objetivos de unos pocos.
La ley de servicios de comunicación audiovisual impulsada por el kirchenrismo enfrentó a la sociedad Argentina, despertó discusiones, alianzas y dejó al descubierto monopolios e intereses que poco favorecen a los ciudadanos comunes. Pero no sólo eso. Lamentablemente, la forma de sancionar una ley tan fundamental para la democracia del país dejó en evidencia, nuevamente, el mal funcionamiento de los poderes del Estado.
Muchos presidentes argentinos han intervenido en la labor del Congreso y muchos legisladores han tomado sus decisiones basándose en acuerdos con el Poder Ejecutivo. Que el kirchenerismo haya adelantado las elecciones legislativas y apresurado una ley madre que requería de un debate arduo y de una pluralidad de voces que quedaron recortadas, son claros ejemplos.
Con esto, vienen a la memoria, inevitablemente, otras leyes que fueron llevadas a cabo de manera irregular. La Ley de privatización del gas de la mano del ex presidente Carlos Menem, quién también adelantó las elecciones legislativas de octubre a mayo del año 89, es una de ellas. Una ley de reforma del estado que tenía como objetivo la privatización de un grupo de empresas, entre las que se encontraba la de gas. El oscuro manejo de esta ley se encuentra ya en su propia base: cuando un Estado de cualquier lugar del mundo privatiza, dicta siempre primero el marco regulador en el que se determinan las condiciones de prestación del servicio, de defensa de la competencia y de protección de los derechos del consumidor, y recién después se convoca al proceso de privatización; esto no se respetó durante el menemismo.
Un mal desempeño que además se coronó con el bochornoso caso del “dipu trucho”: durante ese período se denunció que como al peronismo le costaba llegar al quórum en la cámara baja sentó en la banca a un colaborador, que no era realmente diputado. Este hecho dio lugar a un proceso de usurpación de títulos y honores que terminó, como muchos delitos de corrupción en Argentina, en un castigo menor.
El mal desempeño en el Poder Legislativo, casi siempre producto de la constante influencia del Ejecutivo, se puede ver también en la Ley Flamarique, más conocida como Banelco. Esta ley muestra una imagen corrupta del ex mandatario Fernando de la Rúa quién apurado y desesperado por aprobar la ley de flexibilización laboral corrompió el sistema político argentino, la misma ansiedad que tuvo la presidenta Cristina Fenández por sancionar la ley de servicios de comunicación audiovisual antes del recambio del diez de diciembre.
De la Rúa necesitaba quórum para aprobar la ley y le pidió a su ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, que comprara los votos de un grupo de senadores peronistas con dinero proveniente de la SIDE (Secretaría de Inteligencia de Estado). Ya que parte de esa coima fue cobrada por medio de la tarjeta Banelco la ley, que fue sancionada el 26 de abril del año 2000, también es conocida con ese nombre.
Una sociedad debe estar regida mediante leyes para poder funcionar en armonía. Pero éstas son hechas para ser cumplidas ¿Los poderes más importantes del Estado las respetan? La ley de servicios de comunicación audiovisual tratada en el Congreso demuestra que no, en ella no se cumplieron, por ejemplo, los tiempos del reglamento constitucional.
Dentro del Congreso existen, además de leyes, usos y costumbres, cumplirlos habla de la buena práctica, de no entorpecer y no chicanear al adversario político. Con la ley de medios oficialista no se respetó el plazo razonable entre la citación de las audiencias públicas y su efectiva realización: en casos anteriores la anticipación es entre tres y siete días, algo que quedó con esta ley reducido a uno solo. El apuro del kirchnerismo provocó también que las comisiones designadas para tratar la ley debieran reunirse todas juntas en el plenario para acelerar los tiempos, en lugar de debatir de forma separada.
Otra falta importante surgió cuando en el segundo plenario se reveló que al proyecto oficial se le habían introducido modificaciones. Éstas se leyeron en ese mismo momento y, por supuesto, no todos los diputados ni todos los bloques consiguieron acceder a ese documento con anterioridad, no pudieron reflexionar con tiempo ni lograron participar en la introducción de esas reformas. Se cambiaron 53 páginas de un dictamen de 68 y se leyeron cerca de 200 modificaciones. Esto violó un principio importante entre los integrantes de la comisión.
Lo ciudadanos argentinos eligen diputados y senadores para que los representen. Leyes como las citadas anteriormente necesitan de un debate profundo en el parlamento, pensado en función de las necesidades de la sociedad y no basado en los intereses o arreglos con el gobierno de turno. El lugar donde las leyes deben debatirse es en el período de comisiones, generalmente cuando llegan al recinto está casi todo dicho, y ese espacio no puede ser reducido.
Así, las leyes más relevantes terminan siendo impulsadas por los integrantes del Poder Ejecutivo, quienes determinan cuándo y de que manera se tratará la ley manejando los tiempos parlamentarios a su antojo.
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