El Poder Judicial

El Poder Judicial debe recuperar sus verdaderas funciones

El sistema político argentino está desestabilizado, las funciones que debe cumplir cada poder del Estado se mezclan y no se respetan. El Poder Judicial es uno de los ámbitos que sufre mayores intervenciones y manipulaciones.



A lo largo de la historia política argentina diferentes casos han reflejado la falta de coherencia y eficiencia en los órganos de poder del Estado. Corrupción, mal desempeño y arreglos que sólo responden a intereses que en nada reflejan al pueblo argentino.

El Poder Judicial es uno de los más criticados por su mal funcionamiento. Casos como la ley Flamarique, en la que el gobierno de Fernando de la Rúa sobornó a integrantes del Senado para aprobar la ley de flexibilización laboral, demuestran la ineficiencia de una justicia que tardó más de nueve años en procesar al mandatario.

A pesar de que uno de los senadores que recibió la coima, Mario Pontaquarto, confesó con detalles la operación, el Poder Judicial se puso como traba principal decidir si De la Rúa sería parte o no del juicio por las coimas que permitieron sancionar la ley el 26 de abril del 2000.

El ex mandatario apeló su procesamiento, caratulado como autor de cohecho activo agravado, dictado por el juez Daniel Rafecas en febrero de 2008. El caso quedó a cargo de la Sala I de la Cámara Federal, en dónde todo se paralizó. La causa cuenta hoy con nueve imputados.

En diciembre de 2008 surgieron nuevas demoras por la discusión entre el ex mandatario y la Cámara Federal acerca de quiénes deberían ser los camaristas que decidan si se confirma o no el procesamiento. A esto se sumó, que se tardó seis meses en convocar al ex presidente para que hiciera su declaración, trámite que no debería llevar más de un mes según el código procesal.

Agosto de 2009 marcó un cambio después de tantos años: luego de que la Cámara Federal confirmara el procesamiento, el fiscal Federico Delgado pidió el juicio oral y público para De la Rúa por el delito que establece una condena de entre uno y seis años de cárcel. De no surgir imprevistos, el debate podría comenzar a fines de 2010 a cargo del Tribunal Oral Federal N° 3 ¿Es posible que la justicia argentina demore más de diez años para resolver un caso de corrupción de funcionarios públicos?

Otro ejemplo del entrometimiento y la influencia del Poder Ejecutivo, y del mal desempeño del Poder Judicial, fue la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia que se inició en 1995 durante la presidencia de Carlos Menem por una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans, en base a una investigación periodística del diario Clarín. La operación fue cubierta mediante cuatro decretos, firmados por Menem y sus ministros, que afirmaban que las armas tenían como destino final Venezuela y Panamá.

Tras la confesión del ex interventor de Fabricaciones Militares, Luis Sarlenga, en junio de 2001 el juez Jorge Urso procesó y envió a prisión domiciliaria a Carlos Menem. Seis meses más tarde, sorpresivamente, la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo absolutorio con el cual el ex presidente recuperó la libertad; un claro ejemplo de acuerdos internos en el que se ignoraron los reglamentos establecidos por la justicia. Algo común durante la gestión menemista en la que el ex mandatario fue siempre indiferente a las decisiones del Congreso y designó a los miembros de la Corte Suprema a su antojo.

En este contexto, es imposible olvidarse de un importante caso de soborno como fue Skanska que involucró a la empresa sueca que lleva ese nombre, a empresas privadas y a funcionarios públicos de la gestión del ex presidente Nestor Kirchner.

En 2005 el Ministerio de Planificación inició un concurso privado de precios para la construcción de dos gasoductos en el país. El proyecto era gerenciado por la empresa Transportadora Gas del Norte, la cuál le advirtió al Ente Nacional Regulador del Gas, que funcionaba como autoridad de control, que Skanska pagaba 152% de sobreprecio, alrededor de 17 millones, algo que Enargas desestimó. El caso fue descubierto por el juez del fuero en lo penal Javier López Biscayart.

Durante el desarrollo de este caso el poder judicial sufrió numerosas presiones: el apriete que realizó el ex ministro del Interior, Aníbla Fernández, mediante una denuncia ante el Consejo de la Magistratura contra el juez Biscayart fue una de ellas. El pedido de juicio político por parte de un integrante del propio gobierno para un juez que investigaba las acciones corruptas de funcionarios públicos sobrepasó los límites.

Otra instancia judicial influida por el gobierno fue cuando la Sala IV de la Cámara de Casación decidió la excarcelación del único testigo que habló de los sobornos, Adrián López, presidente de Infinity Group, quién también fue amenazado. Si bien el magistrado aceptó el pedido de traslado, el ex ministro Fernández, de quien dependía la Policía Federal, ordenó a los efectivos que no cumplieran la orden del juez, sobrepasando nuevamente las decisiones de la justicia argentina, porque, según él, los tratados internacionales sobre derechos humanos impiden que presos comunes sean alojados en dependencias policiales.

Esta situación llevó a que, en aquella época, la candidata presidencial Elisa Carrió dirigiera una carta al entonces presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, reclamándole que protegiera a los jueces de las presiones del Gobierno.

Estos son algunos de los casos que reflejan la constante intervención y presión del Poder Ejecutivo en asuntos que debería decidir la justicia del país